La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior ha publicado hoy la consulta pública de la nueva ley de lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico, que supondrá la primera normativa con rango de ley con la que contará Cantabria para establecer instrumentos de intervención para luchar contra este fenómeno que sufren las zonas rurales.
La consejera del área, Paula Fernández Viaña, ha informado que el Gobierno trabaja desde hace tiempo en su contenido y alcance, a través de un grupo de trabajo en el que están representadas las consejerías, la Federación de Municipios y miembros de los grupos de acción local.
Y es que, como ha asegurado Fernández Viaña, el Gobierno quiere contar desde el comienzo con “los principales conocedores de las necesidades del mundo rural” y ha anunciado que se ultima un primer borrador de la norma que será publicado en el proceso de información pública.
La consejera de Presidencia ha destacado la iniciativa de los grupos de acción local de Cantabria, también miembros del Consejo Asesor frente al Despoblamiento, con esta nueva ley, al facilitar un primer texto legal que ha servido de base al trabajo desempeñado por el grupo de trabajo creado al efecto.
El objetivo del Gobierno, ha dicho, es avanzar en las acciones de reto demográfico, que “ya se encuentran en el centro de la agenda política del Gobierno de Cantabria”, y, en este punto, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por Cantabria en el marco del debate político abierto en este ámbito en el país y en Europa.
Igualmente, ha resaltado las muchas iniciativas acometidas por Cantabria en esta legislatura, como la puesta en marcha de la Estrategia regional y de un Consejo Asesor, así como el mapa que identifica los 39 municipios en riesgo de despoblamiento.
“La despoblación rural es una cuestión donde ha sido necesaria la coordinación y la acción conjunta de numerosas entidades y departamentos gubernamentales y de largo recorrido”, ha dicho la consejera, quien ha asegurado que la elaboración de la ley contará también con un amplio proceso de diálogo y participación.
Por último, ha valorado “los buenos datos” que se desprenden del último estudio del Instituto Cántabro de Estadística correspondiente a los años 2021 y 2022, que muestra que más de la mitad de los municipios en riesgo de despoblamiento (24 en total) han aumentado su población o la han mantenido con respecto a 2020.
Tras la publicación de la consulta pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se abre un plazo de 10 días para presentar sugerencias y opiniones por parte de todos los interesados en la nueva norma.
Comentarios