Llevamos dos meses desde el comienzo del nuevo curso académico en la Universidad de Cantabria. Tras un tumultuoso y poco corriente curso 2020-2021, en el que las necesarias medidas de control de aforos y distanciamiento social impuestas por la pandemia han sido las protagonistas, la comunidad universitaria esperaba un 2021-2022 más tranquilo, con una vuelta paulatina a la normalidad, y con la esperanza puesta en que la vacunación de la población termine por fin con las peores consecuencias de la pandemia. Sin embargo, se presagia un año académico en las universidades mucho más complejo que el anterior. Y no debido a la pandemia, sino a la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario [1], conocido como LOSU, que amenaza con poner todo patas arriba. Por el momento, la redacción de la Ley ha levantado ampollas en todos los estratos: profesores e investigadores (PDI), personal de administración y servicios (PAS), estudiantes, rectores, consejos sociales, agentes sociales, y otros muchos colectivos y organizaciones que ya han mostrado un claro desacuerdo con el texto en los términos actuales.
Algo muy llamativo de la LOSU es que ha sido anunciada por el propio ministro como, y cito literalmente, “la ley universitaria más feminista de la historia”. Una afirmación muy atrevida que, de ser cierta, podría considerarse una de las por ahora pocas mejoras que trae la nueva Ley. Como profesor de la Universidad de Cantabria tengo el defecto profesional de contrastar toda hipótesis analizando los datos, así que vamos a repasar el contexto actual y lo que la Ley propone en su redacción actual.
Según el informe más reciente del propio Ministerio de Universidades [2], solamente el 36.3% de los profesores con categoría de funcionarios son mujeres. Más grave aún, el porcentaje de mujeres que han accedido a la máxima categoría, la de Catedrática, es de sólo el 23.9% del total. Sin embargo, nos encontramos con que en las plazas temporales (Profesor Ayudante Doctor) el porcentaje de mujeres es del 50.5%. Con sólo estos datos nos podemos hacer una idea global de la magnitud del problema, ya que la gran mayoría de los puestos estables son ocupados por hombres, y el acceso a la posición de Catedrática, con una mejor remuneración y un mayor reconocimiento académico, parece misión imposible, con menos de un cuarto de profesoras en esa categoría. Por contra, las mujeres son mayoría en los puestos temporales, más inestables y peor retribuidos. El techo de cristal sigue siendo una desgraciada realidad en las universidades, lejos todavía de desaparecer.
¿Cuáles son las causas en la universidad española que provocan que este problema persista en el tiempo? Principalmente, tres. El primero de ellos es la drástica disminución de financiación unida a la tasa de reposición, que desde hace más de una década impide a las universidades renovar sus plantillas y dar estabilidad al profesorado más joven. Este hecho afecta especialmente a las mujeres en cuanto a que, justo cuando por fin se estaban empezando a igualar las condiciones de acceso, se impuso esta barrera de entrada. En segundo lugar, el endurecimiento de los criterios para acceder a plazas de estables. Los sucesivos Gobiernos del Estado, de uno u otro color, han ido elevando cada vez más en los últimos años las exigencias, lo que ha provocado que las plazas estables, sobre todo en el caso de las plazas de Catedrática, estén mayoritariamente copadas por profesores, hombres en su mayoría, que pudieron acceder cuando los criterios eran más laxos. Esto no debe interpretarse como un desmerecimiento de los que han accedido a ese puesto hace una década, sino justo al contrario, como una injusticia para los hombres y sobre todo para las mujeres a las que ahora se les dificulta el acceso. En tercer lugar, está la falta de políticas de conciliación de la vida personal y familiar. En este sentido, las políticas de las distintas universidades, como la de Cantabria, han dado pasos en la buena dirección. Pero aún queda mucho por hacer.
Establecido con datos que existe un problema de igualdad de género en el acceso a la carrera académica y en la estabilización, y constatadas las causas, sólo queda contrastar la hipótesis que el ministro de Universidades da por cierta: ¿es la propuesta de nueva Ley de Universidades feminista? Leyendo con detenimiento el texto, podemos afirmar sin miedo que la respuesta es no. Y los motivos, al menos para mí, son claros. En primer lugar, la LOSU no elimina la tasa de reposición, con lo que el problema de acceso a plazas estables seguirá existiendo. Más aún, a penas aborda el tema de la financiación más allá que en términos muy generales, sin dar cifras concretas. No hay ningún compromiso por parte del Estado central, fuera a parte de una tibia mención al 1% del PIB sin concretar. Por no haber, no hay ni siquiera una memoria económica solvente que indique como abordar el problema de la brecha de género. La LOSU tampoco aborda el problema de las cada vez más restrictivas exigencias para acceder a las plazas funcionariales y de catedrática. Por último, si bien menciona el tema de la conciliación, e incluso habla de la obligación de elaborar planes de igualdad de género (que en universidades como la de Cantabria ya tenemos), impone nuevas barreras como el requisito de movilidad obligatorio para poder acceder a una plaza fija, imposible de cumplir para las profesoras y profesores que tengan cargas personales y familiares. De hecho, la LOSU pone patas arriba la carrera académica del PDI, modificando las reglas del juego y dejando sin tiempo de reacción a muchas profesoras que esperaban estabilizarse en los próximos años.
En definitiva, la brecha de género es una realidad aún muy palpable en la universidad española, con unas cifras que denotan las grandes desigualdades que a día de hoy existen entre hombres y mujeres. Por desgracia, y diga lo que diga el ministro, la LOSU no viene a solucionar este problema. Una Ley no se convierte mágicamente en feminista sólo por decirlo, hacen falta hechos. La solución la tiene el gobierno de España en su mano: eliminación de la tasa de reposición, establecimiento de un marco de financiación estable para el rejuvenecimiento de las plantillas, revisión de los criterios para acceder a plazas funcionariales y de catedrática, y fomento de las políticas de igualdad y conciliación. Todo esto se puede hacer sin necesidad de crear una nueva Ley. Y se puede hacer hoy mismo, sólo hace falta voluntad política.
Fdo. Diego García Saiz, profesor en la Universidad de Cantabria y Secretario de Formación del Partido Regionalista de Cantabria.
Artículo de opinión del Blog de la Secretaría de la Mujer del PRC
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